Redacción
El ministro de la Suprema Corte de México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó este lunes un proyecto de resolución que busca invalidar la elección de jueces por voto popular, entre otros puntos polémicos de la reforma al Poder Judicial, como la figura de los “jueces sin rostro”.
El proyecto de resolución que será discutido en el pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es resultado de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), en oposición a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto de González Alcántara plantea la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, al considerar que “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.
Según el documento, no se ofrece certeza sobre los requisitos que los aspirantes deben cumplir para ser incluidos en las listas de votación, ni claridad respecto a los espacios y contenidos que podrían ser utilizados como promesas de campañas.
Asimismo, argumenta que no hay seguridad “para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”.
“En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, sostiene el proyecto.
En este sentido consideró que la elección y sus procesos “corrompen los fundamentos” de una nación representativa y democrática.
No obstante, no se pronuncia respecto a la elección popular de los ministros de la SCJN, ni de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial, por considerar que la Corte debe hacer “un ejercicio de autocontención” ante la crisis constitucional en curso.
Por otro lado, sugiere la eliminación de la figura de “jueces sin rostro”, con la que se plantea “resguardar la identidad” de algunos juzgadores para protegerlos del crimen organizado.
Según expone el ministro, dicha medida es contraria a las garantías del debido proceso “que deben ser respetadas en cualquier acusación”, en especial en materia penal.
Además, rechaza la creación de comités de evaluación para revisar y controlar los perfiles de los candidatos a cargos en el Poder Judicial, así como el método de selección de jueces federales.